Son sujetos cooperantes con la
Administración de Justicia,
atribuyéndoles con exclusividad la
representación de partes en todo
tipo de procesos, salvo cuando la
ley autorice otra cosa. (LO 6/1985
de 1 de junio). Las retribuciones
económicas por su actividad
profesional se regulan con sujeción
a arancel, aprobado por Real
Decreto 1373/2003 de 7 de noviembre.